MONITOREO ECONÓMICO
Del Escritorio de Milton Tejada
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1 de octubre, 2026
EN POCAS PALABRAS
Competitividad: crecer exige resolver los cuellos de botella
La economía
dominicana mantiene fortalezas importantes, pero las señales del día apuntan a
que el próximo salto depende menos de crecer y más de mejorar las
condiciones para competir. El Banco Central elevó su tasa de política
monetaria a 5.50 % ante mayores riesgos externos; las distribuidoras eléctricas
arrastran pérdidas de 44.1 %, un índice de recuperación de efectivo de apenas
56.5 % y transferencias públicas por US$1,290.6 millones; mientras la reforma
laboral continúa trabada por el desacuerdo sobre la cesantía. Al mismo tiempo,
las mipymes sostienen el 61.6 % del empleo, aunque la informalidad alcanza al
86 % de los microemprendimientos.
Santiago y
el Cibao muestran, a la vez, el potencial de una agenda basada en
competitividad, inversión y nuevas capacidades productivas. Expo Cibao reúne al
empresariado bajo esa consigna; el Cibao captó US$1,184 millones de inversión
extranjera directa en 2025 y Santiago proyecta oportunidades en servicios,
dispositivos médicos, inteligencia artificial, nanotecnología y
semiconductores. A escala nacional, también se plantea convertir los minerales
críticos en tecnología, talento e industria. El mensaje común es claro: infraestructura,
energía eficiente, capital humano, seguridad jurídica, innovación y reglas
previsibles serán decisivos para transformar crecimiento e inversión en mayor
productividad y empleo.
Los desafíos que podrían frenar la inversión en Latinoamérica en 2027, según asesores legales de empresas
La inseguridad jurídica y física, la debilidad institucional, la
burocracia y las dificultades para gestionar las consultas con comunidades
figuran entre los principales obstáculos que podrían limitar la inversión en
América Latina en 2027, según expertos consultados por Bloomberg Línea. Aunque
la región recibió US$194,233 millones de inversión extranjera directa en 2025,
un 1.7 % más, los nuevos proyectos anunciados disminuyeron 10.2 % en número y
34.3 % en valor, hasta US$114,100 millones, reflejando una mayor selectividad
de los inversionistas. El desafío resulta especialmente relevante porque el BID
estima que América Latina y el Caribe necesitarán US$1.6 billones en
infraestructura entre 2025 y 2030, principalmente en transporte, agua,
saneamiento y electricidad. Los especialistas advierten que disponer de capital
no garantiza que este se convierta en proyectos: la previsibilidad regulatoria,
la capacidad institucional y la gestión social serán determinantes. Los
prolongados procesos de permisos, cambios de criterios administrativos y
consultas comunitarias elevan costos e incertidumbre, especialmente en minería,
energía e infraestructura. A ello se suma la carga burocrática: según cifras
citadas de la OCDE, las cargas administrativas pueden representar entre 2 % y 4
% del PIB, mientras datos del BID indican que las empresas latinoamericanas
dedican hasta 10 % de su tiempo al cumplimiento de trámites. Los cambios
regulatorios y tributarios también pueden incentivar la salida o
diversificación de capitales hacia otros mercados, por lo que reglas claras,
estabilidad institucional, seguridad y simplificación regulatoria aparecen como
condiciones fundamentales para competir por nuevas inversiones (Bloomberg
en Línea).
El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua,
afirmó que los costos asociados al procesamiento de pagos con tarjetas dejan
poco margen para reducir las comisiones que pagan las estaciones de
combustibles, ante el reclamo de Anadegas, que incluso ha planteado volver al
uso de efectivo. Explicó que en cada transacción participan bancos adquirentes
y emisores, procesadores y marcas como Visa y Mastercard, cuyos costos limitan
una reducción adicional. Aclaró que la “poca flexibilidad” no significa baja
rentabilidad y aseguró que las estaciones ya pagan una de las comisiones más
bajas del país. Paniagua indicó que las conversaciones para atender el reclamo
están siendo encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
(MICM) junto con los detallistas y aseguró que la banca continuará acompañando
al sector. Reconoció, además, la presión que representan para las estaciones y
para el Gobierno los precios internacionales del petróleo y los combustibles,
pero sostuvo que cualquier discusión sobre una eventual disminución de las
comisiones debe tomar en cuenta la estructura completa de costos de las
transacciones electrónicas (Acento).
El Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026 del Foro
Económico Mundial (WEF) coloca a Japón, Estados Unidos y España como las
economías mejor preparadas para el desarrollo turístico, considerando factores
como infraestructura, seguridad, conectividad, recursos naturales y culturales,
políticas públicas y sostenibilidad. En América Latina, Brasil ocupa la mejor
posición, en el puesto 32 mundial, seguido por Chile (35), México (41),
Argentina (48), Costa Rica (51), Colombia (54), Perú (64) y Panamá (65).
República Dominicana aparece en el puesto 66, por delante de Uruguay (71).
Entre 2024 y 2026, el 92 % de las 110 economías evaluadas mejoró su puntuación
y el promedio global avanzó 2.1 %, impulsado principalmente por mejoras en
atractivos culturales, infraestructura y servicios turísticos y conectividad
aérea. El WEF considera que las condiciones para el turismo están en su mejor
momento desde la pandemia, después de alcanzar un récord de 1,500 millones de
llegadas internacionales en 2025. Sin embargo, advierte desafíos relacionados
con la asequibilidad, las brechas de inversión, la disponibilidad de mano de
obra y la sostenibilidad. Los precios turísticos han aumentado por encima de la
inflación en numerosas economías, reduciendo la competitividad de precios en
tres cuartas partes de los países evaluados entre 2024 y 2026. El organismo
también señala que el crecimiento del número de visitantes y del gasto
turístico no garantiza mayores beneficios económicos y sociales, por lo que
recomienda distribuir mejor sus beneficios y reducir las presiones sobre
comunidades, infraestructura y recursos naturales (Bloomberg
en Línea).
República Dominicana registró entre 2021 y 2025 el mayor
crecimiento del consumo per cápita de carne de pollo entre los países
latinoamericanos y caribeños comparados por el Chicken Meat Report 2026, al
aumentar 18.3 kilogramos por habitante al año. El consumo pasó de 35.5 kilos en
2021 a 53.8 kilos en 2025, casi 13 kilos por encima del promedio regional de
41. Paralelamente, la producción nacional aumentó 52.6 %, de 346,880 a 529,174
toneladas, mientras la disponibilidad doméstica creció 58.2 %, hasta 614,921
toneladas. Según Miguel Lajara, presidente de Sanut y miembro de la Asociación
Dominicana de Avicultura (ADA), el pollo se ha consolidado como una de las
principales proteínas de la dieta dominicana por su accesibilidad, versatilidad
y relación precio-nutrición, a lo que se agrega la demanda de hoteles,
restaurantes y la actividad turística. Actualmente se producen alrededor de 23
millones de pollos mensuales y la oferta local cubre más del 85 % de la
demanda. La industria mantiene capacidad para seguir creciendo —se estima una
capacidad instalada de hasta 26 millones de pollos mensuales—, pero enfrenta
desafíos relacionados con los costos del maíz y la soja importados, fletes y
petróleo, financiamiento, sanidad animal, disponibilidad de agua y altas
temperaturas. La ADA impulsa un frigorífico en Merca Santo Domingo, previsto
para 2027, acompañado de un esquema de pignoración para almacenar excedentes y
utilizarlos en períodos de mayor demanda. Lajara plantea además diversificar
territorialmente la actividad, pues alrededor del 60 % de la producción se
concentra en el Gran Santo Domingo, Monte Plata y zonas cercanas, y fortalecer
las inversiones necesarias para enfrentar el cambio climático sin perder
competitividad ni trasladar completamente los mayores costos al consumidor (El
Dinero).
La presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas
(Adozona), Claudia Pellerano, afirmó que el sector procura integrarse cada vez
más a la economía nacional mediante encadenamientos productivos, formación de
talento e infraestructura, al tiempo que avanza hacia actividades de mayor
valor agregado. Explicó que los parques industriales han dejado de ser simples
proyectos inmobiliarios para convertirse en proveedores integrales de servicios
que requieren energía, telecomunicaciones, accesos y seguridad. Adozona busca
preservar actividades tradicionales importantes para el empleo y las
exportaciones, pero simultáneamente atraer inversiones en eléctrica,
electrónica, dispositivos médicos, autopartes y servicios, para lo cual
considera fundamental disponer de suficiente personal capacitado de manera
permanente. Pellerano destacó el trabajo con universidades para desarrollar
competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y adecuar
la formación a las necesidades concretas de las empresas y los parques
industriales. También valoró el programa Despacho 24 Horas de Aduanas como
ejemplo de colaboración público-privada que mejora la competitividad y
seguridad de las cadenas de suministro. En materia laboral, señaló que los
salarios del sector han aumentado más de 50 % en los últimos años y planteó
avanzar hacia el concepto de “remuneración integral”, incorporando incentivos y
subsidios de alimentación, transporte y otros beneficios. Reconoció, además,
que las zonas francas no han comunicado suficientemente sus avances sociales,
por lo que considera necesario explicar de manera más directa su contribución
al empleo, la calidad de vida y el desarrollo económico (El
Dinero).
El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher
Paniagua, afirmó que el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos
reduce el margen del Banco Central dominicano para continuar disminuyendo el
costo del dinero, luego de que la Reserva Federal elevara 25 puntos básicos su tasa
de referencia y el BC hiciera lo propio, llevando la TPM de 5.25 % a 5.50 %
anual. Pese al entorno financiero internacional, destacó que la economía
dominicana acumuló un crecimiento de 4.5 % hasta agosto, con la inflación
dentro de la meta, y estimó que el PIB cerrará 2026 con una expansión superior
al 4 %. También resaltó la apreciación del peso de entre 6 % y 7 % y proyectó
que el país generará alrededor de US$52,000 millones en divisas este año,
frente a casi US$48,000 millones en 2025, apoyado por la inversión extranjera,
las remesas y el turismo (El
Dinero).
La inteligencia artificial encabeza las expectativas tecnológicas
de las empresas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, al ser
señalada por el 87 % de los ejecutivos como la tecnología de mayor impacto
esperado, seguida por Analytics y Big Data (81 %) y la automatización
inteligente, robótica y sistemas ciberfísicos (81 %), según la encuesta Desafíos
y Tendencias de las Empresas 2026. Sin embargo, la adopción de IA continúa
mayoritariamente en fases iniciales: 25 % de las empresas está investigando y
evaluando su utilización, 24 % realiza pruebas piloto y 32 % la ha incorporado
en aspectos específicos del negocio, mientras solo 16 % reporta adopción plena
en múltiples áreas, con distintos niveles de resultados. El estudio identifica
como principal desafío pasar de iniciativas aisladas a escalar la IA para
generar mejoras sostenibles en productividad, procesos y toma de decisiones, y
precisa que los resultados corresponden al agregado regional y no
exclusivamente a República Dominicana (El
Dinero).
El Banco Central (BCRD) elevó su tasa de política monetaria de
5.25 % a 5.50 % anual, aumentó la facilidad de expansión de liquidez a 6.00 % y
los depósitos remunerados a 4.75 %, en una decisión preventiva frente a mayores
riesgos inflacionarios asociados al encarecimiento del petróleo y sus
derivados, las tensiones en Medio Oriente, disrupciones del transporte mundial
y condiciones financieras internacionales más restrictivas. La inflación
interanual dominicana descendió de 5.67 % en junio a 5.13 % en agosto, mientras
la subyacente se situó en 4.76 %, y el BCRD proyecta que retornará al rango
meta de 4 % ± 1 % durante el cuarto trimestre. La autoridad monetaria señaló
además que gestionará activamente la liquidez del sistema financiero, mientras
el crédito privado en moneda nacional crecía alrededor de 7.5 % interanual a
agosto. La economía acumuló un crecimiento de 4.5 % entre enero y agosto,
impulsada por construcción, intermediación financiera y hoteles, bares y
restaurantes, y el BCRD proyecta una expansión cercana a 4.5 % para todo 2026.
El peso dominicano acumuló una apreciación cercana al 6 % al cierre de
septiembre y las reservas internacionales alcanzaron unos US$15,400 millones,
equivalentes al 11 % del PIB y aproximadamente cinco meses de importaciones. En
el entorno externo, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco
Central Europeo elevaron sus tasas en septiembre, mientras el petróleo WTI
llegó a superar los US$100 por barril antes de moderarse hacia US$90, factores
que mantienen elevados los riesgos para la inflación y condicionan las
decisiones monetarias dominicanas (El
Dinero).
El editorial de elDinero advierte sobre la brecha existente entre
los indicadores macroeconómicos de inflación y la presión que continúa
ejerciendo el costo de vida sobre los hogares dominicanos. Aunque la inflación
interanual descendió a 5.13 % en agosto y la subyacente a 4.76 %, señala que
productos esenciales siguen encareciéndose: alimentos y bebidas no alcohólicas
aumentaron 0.42 % durante el mes, con alzas en bienes como papas, pollo fresco,
arroz y agua purificada. El medio sostiene que la inflación afecta
especialmente a los hogares de menores ingresos y que su impacto cotidiano no
siempre queda reflejado adecuadamente por los promedios y metas
macroeconómicas. El periódico destaca que el salario mensual promedio fue de
RD$35,356.7 en el segundo trimestre de 2026, mientras los salarios mínimos
legales se sitúan entre RD$16,993.2 y RD$29,988 y la canasta básica familiar
promedio nacional se aproxima a RD$50,000. El editorial considera que esta
diferencia evidencia un problema estructural entre ingresos y costo de vida,
que obliga a numerosos trabajadores a recurrir al endeudamiento, el pluriempleo
o la reducción de gastos esenciales. Concluye que se trata de una realidad
persistente que debe ser enfrentada más allá de la evolución favorable de
algunos indicadores macroeconómicos (El
Dinero).
Franklin Vásquez considera que el Decreto 672-26, que reserva
determinadas compras de programas sociales para micro, pequeñas y medianas
industrias nacionales, puede convertirse en una importante herramienta de
política productiva. Plantea que el poder de compra del Estado puede proporcionar
una demanda previsible que permita a las mipymes planificar producción,
invertir en maquinaria, generar empleos, formalizar procesos y elevar sus
estándares. El decreto complementa la Ley 47-25, que establece una reserva
mínima de 30 % de las contrataciones para mipymes, y exige a las beneficiarias
demostrar capacidad productiva y cumplimiento de especificaciones y estándares
de calidad. El autor advierte, sin embargo, que adjudicar contratos no
garantiza por sí solo el desarrollo industrial: procesos tardíos, requisitos
desproporcionados, retrasos en los pagos y falta de capital de trabajo pueden
impedir que la reserva se traduzca en mayor capacidad productiva. Propone que
asociaciones empresariales, grandes industrias, entidades financieras y centros
técnicos impulsen programas de desarrollo de proveedores con certificación,
financiamiento, factoring, transformación digital y capacitación. Para Vásquez,
el verdadero éxito deberá medirse por cuántas mipymes aumentan productividad,
empleo, calidad y capacidad de competir, convirtiendo la compra pública en una
inversión indirecta en industrialización (El
Dinero).
Jairon Severino identifica cuatro fuerzas que amenazan la
estabilidad económica dominicana: inflación persistente, volatilidad
energética, fragmentación geopolítica y elevado endeudamiento público. Por
tratarse de una economía pequeña, abierta y dependiente del exterior, advierte
que la inflación importada reduce el poder adquisitivo y eleva los costos
productivos, mientras el encarecimiento del petróleo presiona las finanzas
públicas mediante los subsidios. A ello suma el proteccionismo y las tensiones
geopolíticas, que pueden afectar las cadenas de suministro y los flujos de
turismo, remesas e inversión extranjera, esta última proyectada en unos
US$5,000 millones para 2026. El autor considera particularmente preocupante el
peso de la deuda pública y de sus intereses, pues reduce los recursos
disponibles para infraestructura, salud, educación y otras inversiones
productivas, además de limitar la capacidad fiscal para responder a nuevos
choques externos. Severino advierte que la resiliencia mostrada por la economía
dominicana no debe darse por garantizada y plantea que enfrentar
simultáneamente estas presiones requerirá decisiones fiscales y económicas
firmes, para evitar que los compromisos financieros y el deterioro del entorno
internacional terminen restringiendo el crecimiento y el desarrollo del país (El
Dinero).
Henri Hebrard sostiene que una futura reforma fiscal dominicana
deberá construirse mediante consulta amplia, transparencia y precisión
legislativa, en contraste con la rapidez que caracterizó la aprobación de las
medidas anticrisis incorporadas en la Ley 30-26. Retomando recomendaciones de
Daniel Witt, destaca que involucrar al sector privado y la sociedad civil
permite anticipar efectos no deseados, reducir ambigüedades y generar certidumbre
fiscal, indispensable para estimular inversiones, disminuir la percepción de
riesgo y fortalecer la confianza y la formalización. Plantea que el debate
debería comenzar antes de las elecciones de 2028 y vincularse con la MetaRD
2036, acordando primero los grandes objetivos y posteriormente los instrumentos
para alcanzarlos. Hebrard propone tres grandes ejes fiscales para la próxima
década: preservar la estabilidad macroeconómica, acelerar el crecimiento y
redistribuir mejor sus beneficios. Estima que alcanzar esos objetivos
requeriría movilizar gradualmente recursos equivalentes a unos 7.5 % del PIB:
1.8 % para equilibrio fiscal y reducción del déficit cuasifiscal; 2.8 % para
inversión productiva, alivio de cargas fiscales y mayores recursos municipales;
y 2.9 % para gasto social, seguridad y justicia. El financiamiento debería
provenir principalmente de reducir evasión e informalidad, racionalizar
subsidios energéticos y disminuir progresivamente el peso de los intereses de
la deuda. Para el autor, una transformación de esta magnitud solo será
sostenible mediante un acuerdo de largo plazo entre sector público, sector
privado, actores políticos y sociedad (El
Dinero).
El editorial de Listín Diario reclama al Gobierno el pago de cerca
de RD$500 millones adeudados desde hace unos cinco años a productores y
suplidores agrícolas de San Juan, principal provincia productora de habichuelas
y también importante en cebolla y arroz. Las obligaciones corresponden tanto a
cosechas adquiridas de habichuelas y cebollas como a servicios de tractores
contratados para preparar terrenos y brindar asistencia agrícola. El periódico
advierte que los afectados también tienen compromisos financieros y que la
prolongada falta de pago ha provocado protestas y bloqueos de vías. El medio
considera especialmente urgente resolver la situación porque en octubre debe
comenzar la preparación de tierras para la próxima siembra de habichuelas,
proceso condicionado al pago de esas obligaciones. Frente al argumento de que
faltaría documentación para sustentar parte de la deuda, sostiene que las
deficiencias administrativas del Gobierno no deberían recaer sobre productores
y suplidores que prestaron los servicios. Advierte que prolongar el problema
puede perjudicar no solo la producción agrícola, sino también el comercio, la
banca y la economía de San Juan (Listín
Diario).
El presidente del Banco Popular, Christopher Paniagua, expresó
confianza en la capacidad de República Dominicana para enfrentar un entorno
internacional marcado por conflictos bélicos, mayores precios de los
combustibles y tasas de interés más altas en Estados Unidos. Consideró que el
aumento de tasas de la Reserva Federal reduce la flexibilidad del Banco Central
dominicano para continuar bajando el costo del dinero, pero destacó la
experiencia de las autoridades monetarias y la fortaleza de indicadores como el
crecimiento acumulado de 4.5 %, la estabilidad cambiaria y la generación de
divisas. Estimó que el país captará alrededor de US$52,000 millones en divisas
durante 2026, frente a casi US$48,000 millones el año anterior, y proyectó un
crecimiento económico cercano al 4 % al cierre del año. También resaltó el
dinamismo de la construcción, el turismo, el crédito de consumo y las ventas de
las mipymes. Paniagua presentó además los resultados de Toke, plataforma de
pagos digitales del Banco Popular que, con seis meses de operaciones, supera el
millón de usuarios registrados, de los cuales casi 70 % no tenía previamente
una cuenta bancaria. El ecosistema integra más de 30,000 microcomercios, 10,000
conductores vinculados a pagos en movilidad y más de 1,500 receptores de
propinas. El ejecutivo destacó estos resultados como evidencia del avance de la
inclusión financiera y sostuvo que la coordinación entre autoridades y sector
privado será determinante para enfrentar los desafíos externos y preservar la
estabilidad económica (El
Día).
Las autoridades dominicanas han intensificado la fiscalización de
comercios de capital chino ante prácticas que, según el ministro de Industria,
Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, afectan la formalidad y generan
competencia desleal. Entre enero y septiembre fueron intervenidos 19 comercios,
14 mediante allanamientos y cinco mediante inspecciones, y decomisados 235,570
productos por irregularidades como falta de registro sanitario, mercancías
vencidas, ausencia de documentación aduanera, incumplimientos tributarios y
actividades diferentes a las declaradas. La DGA recuperó RD$1,795 millones
entre enero y agosto mediante correcciones de valor y fiscalizaciones
posdespacho, mientras la DGII recaudó unos RD$1,400 millones en impuestos no
pagados detectados en fiscalizaciones al comercio asiático. Aduanas también
incautó 7.2 millones de unidades por violaciones a la propiedad intelectual. Las
acciones forman parte de una estrategia más amplia contra el comercio ilícito,
que incluye investigaciones del Ministerio Público y coordinación entre
organismos públicos y el sector privado. La Mesa de Ilícitos y Competencia
Desleal, coordinada por el MICM, busca combatir contrabando, adulteración,
falsificación y otras prácticas que perjudican a consumidores, comerciantes
formales e industrias contribuyentes. Por el sector privado participan la
Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), CONEP, ONEC,
CODOPYMES y FEDOCÁMARAS, junto con entidades públicas como DGII, DGA, Trabajo,
Procuraduría, DIGEMAPS, Migración, ProConsumidor, ProCompetencia y CECCOM. El
Gobierno afirma que diferencia entre los comercios chinos que operan
legítimamente y aquellos que incumplen las leyes, y reporta reliquidaciones
superiores a RD$15,000 millones durante los últimos años como resultado de las
acciones contra el comercio ilícito (El
Día).
El editorial de El Día considera que el aumento de 25 puntos básicos de la tasa de política monetaria refleja el complejo equilibrio que enfrenta el Banco Central entre contener la inflación y evitar un freno innecesario al crecimiento económico, que acumula 4.5 % en el año. Reconoce que elevar las tasas encarece el crédito para empresas y hogares y modera la circulación de recursos, pero señala que buena parte de las actuales presiones inflacionarias procede de factores externos, particularmente del aumento del petróleo y, con mayor intensidad, de los combustibles refinados importados. El periódico sostiene que, aunque la política monetaria no puede reducir los precios internacionales de los combustibles, sí puede evitar que esos choques se propaguen y conviertan en inflación persistente. Asimismo, tasas más altas contribuyen a mantener el atractivo de los instrumentos en pesos y reducir presiones cambiarias que podrían encarecer aún más las importaciones. El editorial concluye que la prudencia monetaria tiene costos para la actividad económica, pero considera que permitir que la inflación se arraigue podría resultar todavía más costoso (El Día).
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del
Poder Judicial, Henry Molina, afirmó que la inversión inmobiliaria en República
Dominicana ha aumentado alrededor de 89 % desde 2019, crecimiento que vinculó
con los avances en los trámites de registro de la propiedad y la transformación
digital de la Jurisdicción Inmobiliaria. Tras recibir un reconocimiento de la
Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (Adeti), Molina
señaló que el próximo desafío es extender plenamente el registro inmobiliario a
todo el territorio y lograr que las operaciones de compra y venta puedan
completarse digitalmente, incluida la firma electrónica, sin presencia física.
El presidente de Adeti, Andrés Marranzini, destacó que la seguridad jurídica,
los títulos seguros, reglas claras y procesos eficientes son esenciales para
atraer inversiones, facilitar el acceso al crédito y sostener el crecimiento
del sector inmobiliario (Hoy).
La vicepresidenta Raquel Peña destacó el peso económico de
Santiago y de la región Norte durante la inauguración de la 39.ª edición de
Expo Cibao, que reúne a 150 empresas y marcas bajo el lema “Unidos por la
competitividad”. Informó que durante los primeros cinco años de gestión
gubernamental se han destinado RD$110,000 millones a Santiago para unas 200
obras de infraestructura y desarrollo social, y resaltó la Autopista del Ámbar
como proyecto de impacto regional. El presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de Santiago, Luis Campos Jorge, señaló que la competitividad
requiere articular empresas, instituciones, universidades, talento e infraestructura,
y destacó la evolución de Santiago hacia actividades de mayor diversidad,
incluyendo servicios especializados, tecnología, salud, educación superior,
construcción, turismo, logística y negocios internacionales. La vicepresidenta
resaltó además el aporte de las zonas francas y las mipymes al dinamismo
económico del Norte (Hoy).
El editorial de Hoy advierte que la reforma del Código de Trabajo
continúa estancada por el desacuerdo en torno a la cesantía: sectores
empresariales cuestionan sus costos, mientras los sindicatos temen la pérdida
de un derecho adquirido. El periódico reconoce que el sistema vigente protege a
trabajadores que pierden el empleo, pero presenta limitaciones: no distribuye
ampliamente el riesgo, no relaciona la protección con la duración del
desempleo, puede generar problemas de liquidez a empresas en dificultades y
provoca costos e incertidumbre derivados de litigios. Entre las alternativas se
menciona un seguro de desempleo financiado mediante contribuciones regulares,
aunque la elevada informalidad laboral dificultaría su funcionamiento. Para
Hoy, el problema de fondo es la falta de confianza entre trabajadores,
empresarios y Gobierno. Los trabajadores temen renunciar a la cesantía sin
garantías de recibir una protección mejor; los empresarios temen cerrar la
discusión sin resolver sus preocupaciones, y los gobiernos han evitado asumir
una posición definitiva. El resultado, señala el editorial, es que el
desacuerdo sobre la cesantía mantiene paralizada una reforma laboral en la que
existen consensos importantes sobre otros temas, impidiendo avanzar en la
modernización del mercado de trabajo (Hoy).
Líderes empresariales de Santiago analizaron los factores que
condicionarán la competitividad, la inversión y el desarrollo del Cibao hacia
2027, durante el Foro Hotel Santiago, organizado por Compromiso Santiago, el
economista Nassim Alemany y Hotel Santiago-Curio Collection by Hilton. Lina
García, presidenta de APEDI, planteó que para atraer y retener inversiones se
requiere avanzar en infraestructura, movilidad y planificación urbana; mientras
Ricardo Fondeur, presidente del CDES, llamó al empresariado a involucrarse más
activamente en la formación del talento. Luis Campos, presidente de la Cámara
de Comercio y Producción de Santiago, destacó que la ciudad avanza hacia la
Meta 2036 combinando su fortaleza industrial con nuevas oportunidades
exportadoras en inteligencia artificial, dispositivos médicos, nanotecnología y
semiconductores, al tiempo que consolida su perfil como ciudad de servicios. El
economista Nassim Alemany señaló que República Dominicana enfrenta un entorno
externo más exigente, aunque respaldada por medio siglo de crecimiento promedio
anual de 4.9 %. Destacó especialmente que el Cibao recibió un récord de
US$1,184 millones de inversión extranjera directa en 2025, equivalente al 24 %
del total nacional, evidencia del creciente atractivo económico de la región.
Entre los principales desafíos internos identificó la presión fiscal y las
pérdidas del sector eléctrico, factores que, junto con las necesidades de
infraestructura, talento y planificación territorial, serán determinantes para
sostener el crecimiento y las nuevas inversiones en Santiago y el Cibao (El
Caribe).
La Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe)
planteó que el eventual desarrollo de minerales críticos y tierras raras debe
convertirse en nuevas capacidades productivas, tecnológicas e institucionales
para el país, y no limitarse a la explotación de recursos. Su director
ejecutivo, Martín Valerio Jiminián, propuso una visión hacia 2036 que incluya
formación de capital humano dominicano, atracción de inversión y tecnología,
fortalecimiento institucional, protección ambiental y beneficios verificables
para las comunidades, con miras a insertar al país en las cadenas hemisféricas
de minerales críticos. Camipe considera esencial mejorar la previsibilidad
mediante una Ventanilla Única Minera, digitalización, coordinación
institucional, trazabilidad de expedientes, plazos razonables y reglas claras,
manteniendo evaluaciones ambientales rigurosas. La propuesta fue presentada
durante un panel del BID en Washington, dentro de la Semana Dominicana
organizada por AmchamDR (El
Caribe).
Más de 1.5 millones de microemprendedores dominicanos generan
ingresos o ganancias estimadas entre RD$20,000 y RD$35,000 mensuales, según un
diagnóstico presentado por la Fundación Microfinanzas BBVA y Banco Adopem. Las
mipymes emplean a 3.05 millones de personas, equivalentes al 61.6 % de la
población ocupada, mientras 51.3 % de los microemprendimientos son liderados
por mujeres. Sin embargo, el 86 % opera en la informalidad, proporción que se
acerca al 90 % entre los negocios encabezados por mujeres. Los especialistas
advierten que gran parte de estos emprendimientos surge por necesidad ante la
falta de oportunidades laborales, por lo que el desafío consiste en
transformarlos de mecanismos de subsistencia y autoempleo en empresas capaces
de generar ingresos estables, acumular activos y crear puestos de trabajo. El
estudio subraya que el crédito por sí solo no garantiza movilidad social, por
lo que debe complementarse con ahorro, seguros, educación financiera, acceso a
mercados y acompañamiento empresarial. Datos de Banco Adopem y BBVA indican que
70 % de los emprendedores que ingresaron a la entidad en condición de pobreza
superó ese umbral después de tres años. En 2025 fueron atendidos 545,640
emprendedores, de los cuales 80 % eran económicamente vulnerables y 22 %
estaban por debajo de la línea de pobreza; los negocios financiados generaron
en conjunto 41,091 empleos. El objetivo, plantean los especialistas, debe ser
lograr que los microempresarios no solo salgan temporalmente de la pobreza,
sino que consoliden negocios productivos y resilientes que reduzcan de manera
permanente su vulnerabilidad económica (Diario
Libre).
Las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) acumulaban a
julio de 2026 una deuda corriente de US$179 millones con generadoras privadas,
en medio de persistentes problemas financieros y operativos. Según el Informe
de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales, entre enero y julio las
pérdidas de distribución alcanzaron 44.1 % de la energía adquirida, mientras el
Índice de Recuperación de Efectivo (CRI) se situó en apenas 56.5 %, reflejando
dificultades para convertir la electricidad comprada en ingresos efectivos. A
agosto, las transferencias del Gobierno central a las EDE ascendieron a
US$1,290.6 millones, evidenciando la elevada dependencia del sector de recursos
públicos. El informe advierte que acumular deuda permite postergar
obligaciones, pero no resuelve los problemas estructurales de pérdidas, cobros
y gestión que presionan las finanzas públicas (Diario
Libre).
El editorial de La Información destaca que la 39.ª edición de Expo
Cibao reafirma el papel del sector productivo en el desarrollo de Santiago, el
Cibao y el país. Bajo el lema “Unidos por la Competitividad”, la feria
organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago busca trascender
la exhibición comercial para convertirse en un espacio de contactos,
inversiones, innovación, emprendimiento y generación de oportunidades. El
periódico resalta que, desde su primera edición en 1988, Expo Cibao ha
evolucionado junto con la economía regional y constituye una muestra del valor
de la continuidad institucional. Para La Información, fortalecer la
competitividad regional requiere seguridad jurídica, infraestructura, energía
confiable, capital humano, tecnología, financiamiento y procedimientos públicos
eficientes, mediante la coordinación de los sectores público y privado.
Santiago cuenta con ventajas como su ubicación, capacidad productiva,
conexiones logísticas y tradición empresarial, pero necesita seguir mejorando
el entorno para la inversión. El editorial plantea que consolidar esas
condiciones permitirá a las empresas crecer, generar empleos, innovar y ampliar
su presencia en los mercados nacionales e internacionales, contribuyendo al
desarrollo sostenible de toda la región (La
Información).
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