AIRD:
Contrato de rayos
X en Aduanas es inconstitucional
e inadmisible
Dice se duplican costos de este proceso que
es parte del comercio exterior y no hay ningún beneficio
La Asociación de Industrias de la República Dominicana
consideró que la aplicación del contrato de instalación de máquinas de rayos X
en los puertos dominicanos no sólo es innecesaria, sino que además se visualiza
como inconstitucional y se torna inadmisible sobre todo en momentos en que el
Senado de la República escucha a diversos sectores sobre el modo de hacer más
competitiva la economía dominicana y de garantizar la seguridad jurídica a las
inversiones.
Ligia Bonetti afirmó de que los costos directos de
esta tecnología lo pagarían los empresarios, restando competitividad a nuestras
empresas y a nuestros puertos, y por ende podría afectar significativamente los
ingresos estatales.
“Algunos se empenan en danar la imagen del sector
empresarial y se atreven a considerar que nos oponemos a los Rayos X porque de
instalarse se evitarían actividades ilícitas. Eso es totalmente falso. AMCHAMDR, AIRD, CONEP, ADOZONA, ADOEXPO,
ANJE, ANRD, ASIEX y otras asociaciones estamos de acuerdo con que el país se
puede beneficiar con una tecnología avanzada de imagen en los puertos, pero los
equipos deben ser operados por las autoridades gubernamentales competentes
(DGA), sin costo adicional por el
servicio y no servir como un medio para un monopolio privado extraer beneficios
por cobro de tasas exorbitantes y,
además, no deben implicar una carga que reste competitividad a nuestros
sectores productivos”, expresó Bonetti.
Dijo que corresponde a Aduanas conservar el control de
la inspección de la carga conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de
Drogas (DNCD) y demás agencias gubernamentales bajo un esquema de gestión de
análisis de riesgo, como contempla el marco normativo de la Organización
Mundial de Aduanas (OMA), incluido en el Convenio de Kyoto, que fue revisado
y promulgado por el Congreso Nacional.
Pidió dar continuidad al acuerdo que existe entre las
aduanas dominicanas y de Estados Unidos mediante el programa de la Iniciativa
de Seguridad de Contenedores (CSI, siglas en inglés), ya que ese programa sí
cumple una función válida aduanal para el país y por lo cual no se cobra a los importadores
y exportadores.
“Desde el inicio el sector privado ha estado en contra de este
contrato inconstitucional. Independientemente de cómo pudo haber sido obtenido,
al establecer un monopolio para una empresa privada, viola nuestra Constitución.
Además, establece precios exorbitantes para servicios relacionados con el flujo
de comercio que no tienen como base los costos de los mismos, de modo que viola
el GATT, DRCAFTA y el acuerdo de Kioto”, explicó.
Bonetti indicó que tampoco supone una ventaja en el comercio con, por
ejemplo, Estados Unidos, ya que el examen de los contenedores no dará ningún
tratamiento preferencial ni expedito porque Estados Unidos no reconoce a esta
empresa como una entidad calificada por ese Estado para realizar este tipo de
servicios. “Es decir, pagaríamos un precio alto a cambio de ningún beneficio”,
dijo.
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