¿Formalizar la informalidad?
Por Pavel Isa Contreras
Publicado en El Caribe,
5 de Junio, 2013
La alta incidencia de actividades
económicas informales es una de las características más sobresalientes de las
economías de los países de ingresos medios y bajos. Son actividades que no
tienen vínculos con las instituciones formales y tienden a operar fuera del
ámbito de la regulación pública directa.
En República Dominicana, de acuerdo a
la definición del Banco Central, más de la mitad de la población ocupada
realiza actividades informales, y la proporción ha estado creciendo
moderadamente en los últimos años. La inmensa mayoría de estas personas son
cuentapropistas, o personas ocupadas en emprendimientos muy pequeños.
Algunas voces del sector empresarial
han argumentado que la informalidad es uno de los desafíos más importantes de
los negocios formales porque éstos últimos no enfrentan las cargas directas que
se derivan de estar sujetos a la regulación pública como los impuestos, las
obligaciones derivadas del régimen de la seguridad social y otras. Esto
resulta, se dice, en un desbalance competitivo y en menores recaudaciones
públicas. De allí que se proponga una cruzada para formalizar a los y las
informales, ya sea a través de acciones punitivas que les fuercen a someterse a
la regulación, o por la vía de reducir los costos de la formalización como una
reducción generalizada de las regulaciones y las cargas tributarias.
Sin embargo, la idea de formalizar la
informalidad es cómo poner la carreta delante de los caballos. Se vincula mucho
a una concepción que asocia la informalidad con la ilegalidad, y con
actividades subterráneas o menos legítimas que las formales, y frecuentemente
menosprecia los servicios que el sector informal le presta al sector formal.
Eso no da muchas luces para una política pública que apueste al desarrollo, a
la equidad y a la inclusión.
El rasgo más destacado de la mayoría
de actividades informales no es su carácter extra-institucional, sino su baja
productividad y los reducidos ingresos que generan. De hecho, la condicional
legal e institucional de ellas es en mucho un resultado de su pobreza. Los y
las informales están generalmente al borde de la subsistencia, como negocios
y/o como personas. En ese contexto, toman decisiones estratégicas, entre ellas,
si formalizan o no algunas de sus operaciones o todas ellas. Para ello evalúan
costos y beneficios de hacerlo, de adoptar nuevas prácticas y de integrarse a
instituciones que generalmente no están pensadas para ellas, que no responden a
sus necesidades y que tienden a suponer más costos que beneficios. Por eso es
tan difícil formalizar la informalidad.
Por ello, antes que procurar eso, la
política pública debe enfocarse en tres objetivos primarios. El primero es
hacer que la economía formal, de mayor productividad y con capacidad para
acumular y crecer, tenga mayor dinamismo y genere más empleos. Después de todo,
una de las principales razones para que exista el sector informal pobre es la
incapacidad que ha mostrado el sector formal de crecer a un ritmo y de una
manera que genere oportunidades crecientes de empleo decente para una población
en edad de trabajar que crece constantemente. Entre otros roles, el sector
informal actúa como un reservorio de fuerza de trabajo en el que el sector
formal “deposita” las personas que expulsa en tiempos de reducción de la
actividad, y de donde se alimenta en tiempos de mayor crecimiento.
El segundo es incrementar las
capacidades productivas y de gestión y los rendimientos de las actividades de
las personas pobres que están en la informalidad. Para ello, el Estado debe
contribuir construyendo entornos favorables al crecimiento y la transformación
productiva de ese tipo de negocios, e impulsando programas dirigidos a ellos.
El tercero es un pre-requisito del segundo: adaptar las instituciones y las
prácticas públicas a las demandas y necesidades de los micronegocios y las
personas que trabajan por cuenta propia. Es la única forma en que el Estado
puede llegar a ellos, generando incentivos para un provechoso relacionamiento
entre ellos y el Estado, sin que su presencia se perciba como una amenaza.
Pero el objetivo no es formalizarles,
sino promover el escalamiento tecnológico, y el aumento de los
rendimientos, de las capacidades y las
oportunidades de crecimiento de las actividades de las personas pobres en la
informalidad. En esta perspectiva, la formalización sería un resultado
indirecto de un proceso exitoso de transformación y desarrollo.
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