Los
siete pecados de alianzas público-privadas deficientes
Un reporte
del Banco Mundial escrito por Augusto de la Torre y Heinz Rudolph, indica siete “pecados” que suelen estar presentes
en las alianzas público-privadas. Ahora que en República Dominicana se
impulsan este tipo de alianza sería bueno no olvidarlos…
(Si
lo desea completo en versión PDF sólo tiene que solicitárnoslo).
La razón de
ser de las asociaciones público-privadas (APPs) se pueden
resumir en tres: atraer empresas e inversionistas del sector privado a
proyectos que de otra forma no se llevarían a cabo; transferir a estos una
parte significativa de los riesgos y costos que de lo contrario deberían ser
asumidos por el gobierno; y asegurar que la eficiencia y calidad del proyecto
sea al menos igual a la que se obtendría si el gobierno asumiese todos los
costos y riesgos. Sin embargo, pueden cometerse errores. Es necesario
conocerlos para aprovechar un camino que, bien llevado, beneficiará a las
naciones.
1) Riesgos compartidos: Según
el documento, los gobiernos que cubren el 100% de los riesgos de construcción o
demanda crean incentivos para que las empresas concesionarias reduzcan su
esfuerzo o tomen riesgos excesivos. “Si una garantía del gobierno a un acreedor
privado cubre el 100% de, por decir, el riesgo de no pago, el acreedor privado
no tendría ningún incentivo para vigilar y controlar el proyecto
adecuadamente”. Es por ello que recomiendan el otorgamiento de garantías
parciales y bien valoradas, que obligue a los privados involucrados en la APP a
que tengan recursos propios en riesgo.
2) Inversionistas de primera:
Aprovechar las ventajas comparativas del mercado, a través de inversionistas
privados sofisticados bien informados, que puedan garantizar que el riesgo
puede diversificarse y así dar un mejor seguimiento y control al proyecto.
3) Reducir la burocracia: Si
bien hasta ahora depende de los ministerios respectivos crear y asignar APPs,
el informe recomienda que lo mejor es centralizar la actividad en una sola
agencia que asesore a estos despachos sobre el tipo de proyectos que mejor le
convienen lo que reduciría significativamente el flujo y contraflujo de
información entre las compañías concesionarias y los diversos actores del
gobierno.
4) Huir de los conflictos:
Por otra parte, para evitar conflictos de intereses, es importante que la
agencia que concede las concesiones no sea la misma que supervisa la ejecución
de los contratos. ¿Por qué? “Las renegociaciones de contrato son, en algunos
casos, una consecuencia de omisiones o errores cometidos por la agencia que
adjudicó las concesiones. Cuando esa entidad también está a cargo de la
supervisión, tiende a evitar la escalada del conflicto con la empresa
concesionaria y está más inclinada a ceder a las presiones que a una
renegociación”.
5) Inversionistas de largo
aliento: Un error que identifica el informe es creer que los fondos de
pensiones son uno de los inversionistas más importantes para financiar a las
APPs en América Latina. El problema radica en que estas instituciones actúan
mas bien como fondos mutuos con horizontes de inversión a corto plazo, por lo
que todos los riesgos son asumidos por los trabajadores que aportan a estos
fondos y no los propios administradores. La solución para el financiamiento de
grandes proyectos de infraestructura es buscar inversionistas institucionales
sólidos, que tienen pasivos a largo plazo, como por ejemplo, las compañías de
seguro de vida que venden rentas vitalicias a los jubilados.
6) Capital sólido: Vinculado
a lo anterior, los expertos recomiendan que en el contexto de las APPs las
compañías concesionarias tengan estructuras de capital más fuerte que el de una
empresa constructora, “ya que estas tratan de extraer el máximo beneficio
durante la etapa de la construcción y no les importa lo que suceda después que
se ha completado la construcción y han recibido el pago”, señala el informe.
7) Ofertas realistas: En
relación con el proceso de la subasta, es importante que la agencia
gubernamental establecida para la adjudicación de la APP tenga toda la
información disponible acerca de la viabilidad del proyecto y así poder
discernir a la hora de realizar la licitación, cuáles son las ofertas más
realistas de las que no lo son.
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