Empresarios del
Cibao valoran proceso judicial a casos de corrupción
Favorecen que
sea la Justicia y los Tribunales el espacio para dirimir estos temas
Las
asociaciones empresariales y entidades promotoras del desarrollo de Santiago,
integradas por la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), Cámara
de Comercio y Producción de Santiago, Corporación Zona Franca de Santiago,
Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, Asociación para el
Desarrollo (APEDI), Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago
(ACIS) y Asociación de Empresas de Zonas Francas Santiago, se mostraron a favor de que los Tribunales de
la República sean el espacio para dirimir todos los conflictos económicos,
sociales y los casos de corrupción, identificándose con los procedimientos
impulsados por la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público,
investigando y sometiendo las situaciones que lo ameriten.
El Ministerio
Público, por mandato constitucional (Artículo 169), es el órgano del sistema de
justicia responsable de la implementación de la política del Estado contra la
criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación
de la sociedad, gozando de plena autonomía y principios de actuación de
soberanía funcional, administrativa y presupuestaria, de acuerdo al Artículo
170 de la Constitución.
Entre todos,
Sociedad, Empresa y Estado, tenemos que contribuir para que el Ministerio
Público, ejerza sus funciones conforme a los principios de legalidad,
objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y
responsabilidad. Es un órgano cuyas funciones deben ser facilitadas por todos
los sectores para que ejecute un excelente y transparente desempeño.
Especialmente por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo de la Nación
y la Sociedad en su conjunto.
Las
Asociaciones Empresariales y Entidades de Desarrollo participantes de
Compromiso Santiago 2016 entienden que debe ser un real compromiso de toda la
sociedad, exigir el buen manejo de los recursos. Finalizaron indicando que
todos los órganos públicos, ministerios, instituciones autónomas y
ayuntamientos, deben elevar sus niveles de transparencia y siempre estar
prestos y disponibles para facilitar el acceso ciudadano a la dinámica
administrativa y financiera del sector público.
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