Iniciativa por
la Institucionalidad Democrática RD resalta aportes de las sociedad civil en
grandes acuerdos de últimos lustros
Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana
presentó una relación de los más importantes acontecimientos de la vida
nacional de los últimos lustros en los cuales han sido tomadas en cuenta las
organizaciones representativas de la sociedad civil conjuntamente con los
entidades del Estado y los partidos políticos.
La lista, que no es excluyente, empieza en 1992, con las negociaciones
y concertaciones que dieron lugar a la aprobación de actual Código Laboral, y
termina en el año 2016 con la promulgación de la Ley Orgánica de la Policía
Nacional 590-16.
Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República
Dominicana sostiene que todas estas concertaciones han constituido una
plataforma de avances institucionales,
de fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, auspiciadas por
los gobiernos de los tres partidos que han dominado el Estado dominicano tras
la dictadura de Trujillo.
“En todo lo que ha tenido relevancia en la sociedad dominicana del
último cuarto de siglo ha participado activamente la sociedad civil, en sus
múltiples expresiones de organizaciones empresariales, sindicales,
profesionales, académicas, sin fines de lucro, religiosas, populares y
comunitarias”, precisa.
Sostiene que no ha habido una sola ley importante, sea orgánica o
códigos, laboral, civil o penal, de seguridad social o seguridad ciudadana, que no conllevara consultas y búsqueda de
consensos.
Afirma que la participación de la sociedad civil dominicana ha sido
relevante en todos estos procesos, en unos más que en otros, pero por lo menos
ha predominado la consulta.
A continuación el documento completo:
Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República
Dominicana
Un cuarto de siglo de consultas y pactos político-sociales
1992: Tras varios años de concertaciones con organizaciones
empresariales y sindicales el Congreso Nacional aprueba un nuevo Código Laboral
1992: Con participación de decenas de organizaciones sociales y tras
amplias consultas, hasta a nivel municipal, se aprueba el Primer Plan Decenal
de Educación, seguido luego por otros dos
1993-94 Consultas a líderes sociales y concertación de la Fundación
Siglo 21 que concluyen con los acuerdos de “Una Reforma Política para el Futuro
Dominicano”, firmados por representantes de los partidos, excepto el PRSC
1994: Pacto por la Democracia firmado por partidos y organizaciones
sociales para la reforma de la Constitución y de la ley electoral y elegir una
Junta Central Electoral “cuyos miembros no sean representantes de los partidos”
1995: Acuerdo de los Partidos Políticos para la Adecuación de la Ley
Electoral, auspiciado, previas consultas, por la Fundación Siglo 21
1995-96: Con 26 eventos de consultas nacionales, regionales y
provinciales queda formulado el Plan Nacional de Desarrollo Social
1996: Una amplia coalición de organizaciones sociales, encabezada por
el movimiento Participación Ciudadana observa las dos vueltas para la elección
presidencial. Realizan conteos rápidos con aceptación de la JCE y los partidos.
Se repetiría en los siguientes procesos electorales nacionales.
1996-97: Se instituyen por decretos la Comisión Presidencial para la
Reforma y Modernización del Estado y la Comisión Presidencial para el
Desarrollo Barrial, ambas con representación del liderazgo social
1997: Activa participación de las organizaciones sociales en el
proceso de elección de una nueva Suprema Corte de Justicia. 12 de 16 jueces
fueron propuestos por decenas de organizaciones sociales y electos por el
Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el Presidente Leonel
Fernández
1997-98: El gobierno convoca un Diálogo Nacional integrando a los
partidos y a cientos de organizaciones sociales en un extenso proceso de
consultas y discusiones que terminan con la aprobación de unas 300 propuestas
de reformas institucionales, políticas y sociales.
1998: Numerosos foros regionales, provinciales y sectoriales del DN,
auspiciados por el gobierno presentan cientos de propuestas para la
reforma constitucional, predominando la
convocatoria de una Asamblea Constituyente. Están recogidas en el libro “El
Pueblo Discute su Constitución”
1998-99: Delegados de los partidos reconocidos y de entidades sociales
acuerdan un Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas en el marco de
la Comisión Presidencial para Reforma y Modernización del Estado
1998-99: La elección de una nueva Junta Central Electoral
unilateralmente por el Senado con mayoría del Partido Revolucionario Dominicano
y la suspensión del presupuesto del
organismo por parte del gobierno, origina una crisis política. Con
mediación de personalidades sociales se acuerda una ampliación de cinco a siete
miembros para que los partidos de oposición presenten dos candidatos a jueces
de la JCE
2000: Para disipar desconfianzas e incertidumbres, la JCE acoge la
propuesta de Participación Ciudadana de realizar, junto a CAPEL-IIDH, una auditoría
al nuevo padrón electoral con fotografía integrada. El padrón pasa la prueba.
2000: El presidente Hipólito Mejía instituye el Consejo Nacional para
Reforma y Modernización del Estado, con representación del liderazgo social
2000-01: El Congreso Nacional auspicia un extenso proceso de consultas
en foros provinciales y locales incluyendo ciudades de EU y negociaciones con
decenas de instituciones empresariales, sindicales y profesionales para aprobar
la Ley 87-01 que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social
2001: Tras años de demandas de las instituciones sociales, y mediante
un programa de consultas, el Congreso Nacional aprueba la Ley 19-01 de Defensor
del Pueblo, que tomaría 12 años para ser implementada
2001: El decreto presidencial 410-01 constituye una Comisión Especial
para la Reforma Constitucional, integrada por delegados de los partidos
reconocidos, de 15 instituciones sociales y 12 reconocidos juristas. Tras 6
meses de consultas y debates acuerdan un proyecto de Constitución para someterlo
a una Asamblea Constituyente
2002-04: Con participación de dirigentes sociales opera una Comisión
de Seguimiento a la Junta Central Electoral que, entre otras cosas, promueve la
Ley 02-03 que separa las funciones administrativas de las contenciosas de la
Junta Central Electoral y amplía los integrantes del organismo, a solicitud de
los partidos de oposición, encabezados por el de la Liberación Dominicana.
Propone directores de Informática y del Registro Civil de la JCE
2002 al 2008: Los tres partidos dominantes solicitan a Participación
Ciudadana la observación de sus elecciones primarias de candidatos
2004: El Congreso Nacional aprueba la Ley 200-04 de Libre Acceso a la
Información Pública, consensuada atendiendo a demandas de múltiples organizaciones
sociales.
2004: El decreto 1082-04 crea e integra los Gabinetes de Política
Institucional, de Política Económica, de Política Social y de Política
Medioambiental y Desarrollo Físico con participación de 37 organizaciones
sociales
2005: El decreto 13-05 instituye el “Consejo Económico, Social e
Institucional” como órgano consultivo
del Gobierno, con participación de
diversas organizaciones de la sociedad civil y del Estado, que operaría
como órgano de consulta y concertación
2005: Después de 15 años de consultas, seminarios y consensos
político-sociales se aprueba la ley 122-05 Sobre Asociaciones Sin Fines de
Lucro, que crea el Centro Nacional de Fomento de Organizaciones sin Fines de
Lucro, que integra representantes de ONG y del sector público
2006: Entra en vigencia el Plan Decenal de Salud 2006-15, promovido
por la Secretaría de Salud Pública que partió de una versión preliminar del
2004, con base en un proceso de amplia participación de la sociedad en 32
consultas provinciales
2007: Tras un largo proceso de consultas político-sociales que duró
varios años, el Congreso Nacional aprueba la Ley 176-07 sobre Municipios y el
DN
2008: El gobierno auspicia un nuevo proceso de consultas y discusiones
para la reforma constitucional con
decenas de foros regionales, provinciales y locales, que abarcan a ciudades de
Estados Unidos, el cual arroja cientos de propuestas
2008: Se promulga la Ley de Función Pública 41-08, fruto de un extenso
proceso de consultas y seminarios con participación de las organizaciones
sociales y estatales
2008: El Congreso aprueba la Ley General de Defensa de la Competencia 42-08, que crea la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia, tras varios años de consultas con
expertos nacionales e internacionales y organizaciones sociales
2009: Por convocatoria del presidente Leonel Fernández se realiza la
Cumbre por la Unidad Nacional ante la Crisis Mundial, con la participación de
la mayoría de los partidos políticos y de cientos de entidades sociales. Alcanzan decenas de acuerdos
2009-10: El gobierno y organismos internacionales auspician un largo
proceso de consultas con instituciones sociales y expertos que concluyen
proclamando las Iniciativas Participativas Anti Corrupción (IPAC), para
promover la transparencia y reducir la corrupción
2010: Se promulga la Constitución que más consultas y consensos
previos ha tenido en la historia nacional, la que define a la República
Dominicana como un “Estado Social y Democrático de Derecho”
2011: El Congreso Nacional aprueba las leyes orgánicas 30-11, del
Consejo Superior del Ministerio Público, y 133-11 de Ley Orgánica del
Ministerio Público, tras varios años de consultas sociales
2011: Diez candidatos presidenciales firman el “Compromiso Político
Social por la Educación” promovido por
un conjunto de organizaciones sociales bajo la denominación de Coalición por
una Educación Digna
2012: Con la aprobación de la Ley 1-12 el Congreso Nacional culmina
un proceso de consultas y concertaciones
que durante varios años dieron origen a la Estrategia Nacional de Desarrollo
2012: Múltiples consultas sociales originadas en la Organización
Nacional de Administración de Personal, convertida en Ministerio de
Administración Pública, culminan con la promulgación de la Ley Orgánica 247-12
de Administración Pública
2012: Casi todos los candidatos presidenciales, incluyendo a los de
los partidos mayoritarios, se comprometen con organizaciones sociales a aprobar
la Ley de Partidos y del Régimen Electoral cuando concluya el proceso electoral
2012: Los candidatos presidenciales firman con Participación Ciudadana
como capítulo nacional de Transparencia Internacional el Protocolo por la
Transparencia y la Institucionalidad
2012: El gobierno convoca a las organizaciones empresariales,
sindicales y sociales a discutir el Pacto Fiscal que dispuso la Ley de
Estrategia Nacional de Desarrollo. Fracasa el intento y se produce otra reforma
tributaria.
2013: Tras varios años de consultas entre organismos públicos y
sociales se promulga la Ley 105-13 Sobre Regulación Salarial del Estado
Dominicano, aúin pendiente de reglamentación, más de tres años después
2014: Tras meses de consultas y con participación de la Coalición por una Educación Digna que reúne a
decenas de entidades sociales, el gobierno concluye el Pacto Educativo
dispuesto por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo
2015-16: Con participación de organizaciones empresariales, sindicales
y sociales se discuten en el Consejo Económico Social las bases para el Pacto
Eléctrico que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo
2016: Es promulgada la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16,
consensuada durante varios años entre
legisladores, funcionarios públicos y
representantes de entidades sociales
Todas estas concertaciones han constituido una plataforma de avances
institucionales, de fortalecimiento de
la democracia y la gobernabilidad, auspiciadas por los gobiernos de los tres
partidos que han dominado el Estado dominicano tras la dictadura de Trujillo.
En todo lo que ha tenido relevancia en la sociedad dominicana del
último cuarto de siglo ha participado activamente la sociedad civil, en sus
múltiples expresiones de organizaciones empresariales, sindicales,
profesionales, académicas, sin fines de lucro, religiosas, populares y comunitarias.
No ha habido una sola ley importante, sea orgánica o códigos, laboral,
civil o penal, de seguridad social o seguridad ciudadana, que no conllevara consultas y búsqueda de
consensos La participación de la sociedad civil dominicana ha sido relevante en
todos estos procesos, en unos más que en otros, pero por lo menos ha
predominado la consulta.
En un “Estado Social y Democrático de Derecho” es fundamental la
participación de la ciudadanía, como la proclaman los numerales 4 y 5 del artículo 22 de la Constitución
de la República que establecen como derechos “Formular peticiones a los poderes
públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuestas de las
autoridades”, y “denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos”.
Más aún, el artículo 75 constitucional dispone, como deber ciudadano
fundamental, “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el
respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función
pública”.
No hay la menor razón para que la
participación ya lograda no
prosiga con las leyes de partido
y del régimen electoral, que se vienen discutiendo desde hace más de dos
décadas, y en la selección de los integrantes de la Junta Central Electoral, la
Cámara de Cuentas y las altas cortes, como ya ocurrió antes. Si en procesos
anteriores la participación y los aportes de la sociedad civil fueron valorados
positivamente, y ahora se reclama lo que anteriormente fue aceptado ¿por qué
antes sí y ahora no?
Septiembre del 2016.
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