Comité de Solidaridad con las Personas
Desnacionalizadas / Comunicado de prensa
Por una solución
dominicana al conflicto de la nacionalidad
Ante la inminente visita al país de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) este Comité de Solidaridad con las Personas
Desnacionalizadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC),
desea manifestar lo siguiente:
1.- Damos cordial bienvenida a los comisionados, invitados por el
Estado dominicano, con la esperanza de que su presencia y los informes que
emitirán contribuyan a encontrar una solución al grave conflicto originado por la política de despojo de la nacionalidad
que desde el 2006 practica la Junta Central Electoral por simple vía
administrativa. Situación que se agrava y amplia por la sentencia 168-13 del Tribunal
Constitucional que deja sin nacionalidad a decenas de millares de ciudadanos y
ciudadanas dominicanas descendientes de extranjeros, en su gran mayoría de
haitianos.
La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son valiosos
organismos del sistema interamericano, constituidos en virtud de la Convención
Americana de Derechos Humanos, ratificada debidamente por el Estado Dominicano.
Ambas son instancias que forman parte del bloque de constitucionalidad
dominicano en materia de derechos
humanos, tan legítimas como el TC.
De hecho, hace ya más de dos años que la CIDH está apoderada de instancias
de decenas de dominicanos y dominicanas a quienes se les ha negado la emisión
de copias de sus actas de nacimiento, y ha celebrado audiencias sobre el
particular. Está en sus manos establecer si tienen los méritos necesarios para
apoderar a la Corte Interamericana.
2.- Esperamos que la presencia
de la CIDH aliente a los diversos actores gubernamentales y políticos a la
búsqueda de una solución al grave conflicto de los desnacionalizados, con la
voluntad de “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar
la seguridad jurídica y el pleno goce y respeto de los derechos de los
descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana”, como se
comprometió el gobierno dominicano en el protocolo de entendimiento que firmó
con las autoridades de Haití gracias a la mediación de Venezuela. El hecho de
que se haya denunciado el protocolo no invalida el reconocimiento.
3.- Este comité prefiere una
solución dominicana al conflicto originado por la JCE y la sentencia del TC,
partiendo del planteamiento del numeral 2 del Artículo 18 de la Constitución
que reconoce la ciudadanía a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes
de la entrada en vigencia de esta Constitución”, así como del Artículo 110 de
la misma Constitución que ratifica el principio jurídico de la no
retroactividad de la ley: “En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán
afectar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a
una legislación anterior”.
El presidente Danilo Medina formuló interrogantes sobre la justeza de
la sentencia y reconoció que debe buscarse solución a sus graves implicaciones
humanas. Y el expresidente Leonel Fernández, presidente del partido gobernante,
cuestionó su retroactividad y sabemos que recientemente ha planteado posibles
alternativas. Ambos son los máximos líderes de la organización política que
controla las cámaras legislativas y tienen suficientes poderes para tomar
iniciativas eficaces para preservar los derechos humanos en peligro. De igual
manera, importantes líderes políticos, congresistas, empresariales y de la sociedad civil, así
como expertos constitucionalistas han expresado sus preocupaciones y su
disposición a buscar una solución concertada en el marco del respeto de los
derechos humanos y el orden institucional.
4.- Es obvio que el enorme rechazo nacional e internacional a la
sentencia de desnacionalización ha creado una situación de graves
incertidumbres que ya empiezan a afectar
la imagen del país, que a nombre de la soberanía no puede ignorar sus
compromisos internacionales, ni de la sensibilidad universal en materia de
derechos tan fundamentales como el de la nacionalidad. Las autoridades
están en el deber de evitar mayores daños que pudieran derivarse de las
denuncias a que está sometido el Estado dominicano.
5.- La solución dominicana al conflicto evitará que los legítimos
reclamos de justicia de los afectados llegue a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, y a una muy probable condena al Estado, dada la
jurisprudencia sentada en su dictamen del 2005 sobre la instancia de las niñas
Yean y Bosico. Creemos que no habrá
solución sin reconocer del derecho de las decenas de miles de descendientes de
extranjeros que durante décadas fueron reconocidos como dominicanos.
6.- La superación de este conflicto que ha dividido profundamente a la
sociedad dominicana permitirá centrar la atención en la recién presentada
propuesta de “Plan Nacional de
Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular”, discutido
durante casi dos años. Esta propuesta parece más realista y viable, y supera
considerablemente las dos versiones anteriores. La misma contempla las medidas fundamentales para
iniciar el control de la desproporcionada inmigración haitiana. Saludamos este
esfuerzo normativo que deberá proseguirse con otros de carácter nacional y
bilaterales, al tiempo que reclamamos
que no se le contamine pretendiendo ahora aplicarlo a nacionales dominicanos,
nacidos en el país, como ocurre en el Párrafo del Artículo 8 del Proyecto.
7.- Este Comité reitera que nació para promover encuentros y
soluciones, no para excluir, descalificar, insultar o estigmatizar. Su esencia
es la solidaridad con quienes sufren la desnacionalización. En cumplimiento de
esta misión estamos convocando un gran encuentro de Abrazos Solidarios entre dominicanos y dominicanas, a efectuarse
el próximo jueves 5 de diciembre a las 6 de la tarde en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.-
Santo Domingo
29 de Noviembre del 2013.-
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